Los centros de hidrógeno ponen a prueba las nuevas normas federales de justicia ambiental

En un día lluvioso de septiembre, Veronica Coptis y sus dos hijos se pararon a orillas del río

Monongahela, en un parque cerca a su hogar, observando cómo un par de barcazas cargadas con montones de carbón desaparecían por la ribera.

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“Me preocupa que no están teniendo en cuenta la cantidad de tráfico industrial que este río ya carga y cuánto más va a agregar el centro de hidrógeno”, le dijo Coptis a EHN.

Coptis vive con su esposo y sus hijos en Carmichaels, en Pensilvania, un pueblo otrora dedicado al carbón cercano a la frontera con Virginia Occidental, con unos 434 habitantes. La autoridad hídrica local usa al río Monongahela como fuente de agua. Contaminantes asociados a la actividad industrial y potencialmente cancerígenos, como el bromodiclorometano, cloroformo y dibromoclorometano, se han detectado en el agua potable de la comunidad.

Coptis creció rodeada de mineros del carbón, pero se convirtió en una activista contra este mineral y el fracking después de ser testigo de los daños ambientales causados por la industria de combustibles fósiles.

Ahora, ve una nueva batalla en el horizonte: el Centro Regional de Hidrógeno de los Apalaches, una extensa red de infraestructura que usará principalmente gas natural para crear hidrógeno, que luego será usado como combustible. Se espera que parte del nuevo centro de hidrógeno sea construido en La Belle, que está a unos 30 minutos en auto hacia el norte del río Monongahela desde su casa.

“Me preocupa mucho qué tan grande va a ser este complejo industrial y cómo serán sus emisiones, y si va a aumentar el tráfico en el río y las carreteras”, dijo Coptis, quien trabaja como consejera senior en la oenegé climática Taproot Earth. “También me preocupa que, debido a que esto va a ser hidrógeno azul, aumente la demanda de fracking, y yo ya vivo rodeada de pozos de fracking”.

El Centro Regional de Hidrógeno de los Apalaches es una de las siete redes de este tipo de infraestructuras propuestas hace un año y financiadas con fondos federales. Son una iniciativa que nació de la Ley Bipartidista de Infraestructura que la administración de Biden logró pasar en 2021. El hidrógeno creado en los centros, que provendrá tanto de fuentes renovables como de combustibles fósiles, será usado por industrias que son difíciles de electrificar, como la siderurgia, la construcción y la producción de petroquímicos.

Los centros apoyan el objetivo de la administración de Biden de alcanzar cero emisiones netas de carbono en todo el país para 2050 y lograr una red eléctrica 100% “limpia” para 2035. Los siete centros de hidrógeno, que están en diversas etapas de desarrollo pero en su mayoría están en la planeación y la selección de sitios, fueron considerados como proyectos de energías limpias bajo la administración de Biden, incluyendo aquellos que usarán combustibles fósiles para la producción.

En marzo y mayo, Coptis asistió a unas sesiones de escucha organizadas por los socios industriales del proyecto y por el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés), que es la entidad encargada del desarrollo de los centros y de repartir los $7 mil millones en fondos federales para ellos. Esperaba que las sesiones le dieran respuestas, como por ejemplo exactamente donde se ubicaran las instalaciones y qué pasaría en ellas. Sin embargo, salió con aún más preguntas.

Las aplicaciones iniciales que los socios industriales presentaron ante el DOE, que incluyeron cronogramas, costos estimados, detalles de las posibles ubicaciones y estimaciones de los impactos en el medio ambiente y la salud, fueron mantenidas en secreto por la agencia a pesar de las frecuentes peticiones de los miembros de la comunidad para que se compartieran esos detalles.

“El Departamento de Energía y las compañías involucradas no han sido transparentes”, dijo Coptis. “No es posible que las comunidades demos aportes significativos sobre los proyectos cuando literalmente no sabemos nada sobre ellos”.

En 2023, la administración de Biden logró aprobar una serie de políticas federales históricas que le ordenaron a 80 agencias nacionales priorizar la justicia medioambiental en todas sus decisiones. El DOE prometió ser un ejemplo a través de los centros de hidrógeno, pero, hasta ahora, esto no ha sucedido, de acuerdo con más de 30 miembros de las comunidades potencialmente afectadas y activistas con los cuales EHN habló. Afirman que los detalles siguen siendo confusos, que las consultas públicas sólo se planifican después de que los socios de la industria ya han recibido millones de dólares en fondos públicos y que las comunidades no intervienen en la toma de decisiones.

“Las promesas que el DOE ha hecho no han sido cumplidas, de acuerdo con la definición de justicia ambiental de la misma entidad”, dijo a EHN Batoul Al-Sadi, un asociado senior en Natural Resources Defense Council (NRDC), un grupo ambientalista nacional que ha estado presionando para que haya una mayor transparencia en los centros de hidrógeno.

Nuestra investigación también encontró que:

• En las sesiones iniciales de escucha sobre los centros, 95 de los 113 comentarios públicos que fueron presentados expresaron oposición a los proyectos.
• 49 de los 113 comentarios expresaron preocupación sobre la falta de transparencia y participación significativa de las comunidades.
• Más de 100 grupos ambientalistas regionales y nacionales le han enviado cartas al DOE pidiéndole mayor transparencia y mejoras en sus procesos de diálogo con las comunidades.
• Las comunidades no tienen el derecho de rehusarse a la llegada de los centros de hidrógeno si se prueba que los daños serán mayores que los beneficios.
• El DOE no se está adhiriendo a sus propios planes de participación comunitaria, de acuerdo con expertos y activistas.

“Hoy, las regulaciones [federales de justicia ambiental] están mejor que nunca”, dijo a EHN Stephen Schima, un experto en regulaciones ambientales y consejero legislativo senior en Earthjustice. “Las agencias tienen la oportunidad de hacer esto de forma correcta… solo es una cuestión de implementación, que ha probado ser un gran reto hasta ahora”.

Ante nuestras preguntas sobre la transparencia y la participación comunitaria en estos procesos, el DOE respondió a EHN que la agencia “está enfocada en conseguir que estos proyectos sean seleccionados para negociar su adjudicación oficialmente ... Una vez adjudicados, el DOE dará a conocer más detalles sobre los mismos”.

Los residentes de las siete comunidades de los centros de hidrógeno temen que, una vez se hayan distribuido millones de dólares en financiación federal para estos proyectos, sus aportes serán irrelevantes.

En julio, los centros de los Apalaches y de California ya habían recibido cada uno $30 millones de dólares y el centro del Pacífico Noroeste ya había recibido $27,5 millones en fondos federales. La financiación para el resto de centros sigue en trámite. En total, se prevé que los siete centros planeados recibirán unos $7 mil millones de dólares en fondos públicos federales.

Jalonne White-Newsome, la jefa de justicia ambiental del Consejo de la Casa Blanca para la Calidad Ambiental, dijo que es consciente de que las comunidades están frustradas por los centros de hidrógeno.

“Paso mucho tiempo trabajando con nuestros colegas del Departamento de Energía [y otras agencias federales] asegurándonos de que estamos apoyando la llegada segura de estas tecnologías”, White-Newsome le dijo a EHN. “Sigo escuchando de muchas formas distintas las preocupaciones de las comunidades: que no hay transparencia, que no hay suficiente información, que hay miedo a la tecnología”.

“Entiendo todas esas preocupaciones”, dijo White-Newsome, quien añadió que el Consejo Asesor de Justicia Medioambiental de la Casa Blanca creó un grupo de trabajo de líderes de justicia medioambiental de todo el país para abordar las tecnologías de captura de carbono y el hidrógeno, y está trabajando con un equipo interno, incluidos los socios de la agencia federal en el DOE, “sobre cómo abordar todas las cuestiones que ha planteado este organismo”.

Los activistas temen que estas medidas sean insuficientes.

“Incluso si éste fuera el mejor proyecto de energía verde, no contaminante y más renovable que llegara a los Apalaches, este proceso no se está ajustando a los principios de justicia ambiental”, señaló Coptis.

Justicia ambiental y preocupaciones por la contaminación 

Los centros de hidrógeno fueron presentados como una bendición para las comunidades afectadas por la injusticia medioambiental que les traería empleos y desarrollo económico, una reducción en la contaminación aérea producto de un menor uso de combustibles fósiles y la promesa de convertirse en protagonistas de la transición energética en Estados Unidos.

Pero más de 140 organizaciones por la justicia ambiental han firmado cartas públicas resaltando las formas en las que la energía del hidrógeno podría prolongar el uso de combustibles fósiles, crear riesgos y empeorar la contaminación del aire local, de acuerdo con un reporte publicado por la EFI Foundation.

Los centros del Atlántico Medio y del Medio Oeste prevén utilizar energías renovables y energía nuclear además de combustibles fósiles, mientras que los centros de California, el Noroeste del Pacífico y Heartland prevén utilizar combinaciones de energías renovables, biomasa y energía nuclear. Los centros de los Apalaches y la Costa del Golfo prevén utilizar principalmente combustibles fósiles.

Los centros de hidrógeno serán una densa red de infraestructuras que se extenderán a lo largo de vastas regiones geográficas. Muchos de sus componentes están siendo planeados para aterrizar en comunidades que han sido desproporcionadamente afectadas por la contaminación (principalmente producto de la extracción de combustibles fósiles), para aprovechar la infraestructura ya existente.

Por ejemplo, la región del Canal de Houston, el Inland Empire en California y el noroeste de Indiana incluyen comunidades afectadas por la injusticia ambiental y todas están esperando la llegada tentativa de infraestructuras de los centros de hidrógeno. Las tres regiones figuran entre los peores lugares del país en cuanto a contaminación atmosférica.

El DOE ha dicho que los proyectos solo serán premiados si demuestran que tienen planes para minimizar los impactos negativos y para proveer beneficios para estas comunidades, pero hasta ahora las poblaciones que están esperando la llegada de los centros de hidrógeno dicen que no han visto ningún tipo de información sobre cómo los socios de los proyectos planean hacer esto (alguna información ha sido compartido en el plan de beneficios comunitarios en el de California).

La gente está preocupada de que los centros añadan nuevas fuentes de contaminación industrial a las comunidades ya contaminadas, mientras que los datos sobre los impactos acumulativos de las redes existentes y ampliadas de infraestructuras energéticas siguen siendo escasos.

Las preocupaciones sobre los riesgos de salud son especialmente pronunciados alrededor de los centros de los Apalaches y la Costa del Golfo debido a su gran dependencia de los combustibles fósiles. EHN escuchó voces preocupadas por las nuevas emisiones procedentes del tráfico de camiones y barcazas, el posible uso del dominio eminente para confiscar propiedades privadas para construir oleoductos, el riesgo de que los oleoductos exploten o tengan fugas y el aumento de las emisiones de óxido de nitrógeno procedentes de la combustión final del combustible de hidrógeno, que contribuiría a aumentar los niveles de contaminación por partículas y ozono. La exposición a este tipo de contaminantes se ha relacionado con múltiples efectos negativos, incluyendo un aumento en el riesgo de cáncer, enfermedades respiratorias y del corazón, nacimientos prematuros y bajos pesos al nacer.

También hay preocupaciones por la dependencia de estos centros de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, las cuales son necesarias para transformar combustibles fósiles en hidrógeno, pero no serán necesarias en aquellos centros que no usen combustibles fósiles para su producción.

La tecnología de captura del carbono es controversial, pues muchos expertos y activistas la consideran una forma de prolongar el uso de combustibles fósiles y han expresado que esta tecnología podría empeorar el cambio climático debido al enorme consumo energético que requiere su implementación. Adicionalmente, debido a que el CO2 capturado contiene sustancias tóxicas, como compuestos orgánicos volátiles y mercurio, la técnica puede plantear riesgos para las aguas subterráneas, el suelo y el aire a través de fugas.

El mes pasado, las autoridades informaron de que la primera planta comercial de secuestro de carbono del país, en Illinois, había tenido dos fugas este año bajo el lago Decatur, una fuente de agua potable para el poblado de Decatur. La empresa propietaria de la planta, ADM, no informó a las autoridades de las fugas durante meses.

“Se trata de comunidades muy arraigadas a procesos extractivos como la minería del carbón y el gas natural, por lo que la llegada de constructores que les proponen algo no es nada nuevo para ellos. Pero cuando se enteran de que los constructores no están interesados en extraer, sino en depositar, en inyectar, se les abren los ojos”, dijo a EHN Ethan Story, director de defensa y abogado del Center for Coalfield Justice, un grupo de defensa de la salud comunitaria del oeste de Pensilvania.

Asociados con el sector de los combustibles fósiles

Cada centro de hidrógeno cuenta con una empresa, una organización sin ánimo de lucro o una asociación público-privada que supervisa el proyecto. Esta organización está a cargo de crear la propuesta, seleccionar los proyectos, facilitar la participación, recibir y distribuir los fondos federales y actuar como un puente entre el DOE y los socios industriales. Además de la inversión de $7 mil millones de dólares, la financiación para los centros de hidrógeno incluirá inversiones privadas significativas, incentivadas por la Ley de Reducción de la Inflación.

Algunos de los principales contratistas existían antes de que se lanzaran los centros, como Battelle, que está a cargo del centro en los Apalaches, o como el Energy & Environmental Research Center, encargado del centro Heartland. Otros se formaron específicamente para supervisar los proyectos de hidrógeno, como la Alliance for Renewable Clean Hydrogen Energy Systems (ARCHES), que está a cargo del centro en California y HyVelocity, Inc, del centro de la Costa del Golfo.

Además de estos contratistas, los centros tienen socios individuales para los proyectos que incluyen a compañías de combustibles fósiles. En el centro de la Costa del Golfo, Chevron, ExxonMobil y Shell son solo algunas de las compañías de combustibles fósiles incluidas en la lista de socios proyectados. Los socios del proyecto en los Apalaches incluyen a CNX Resources, Enbridge, Empire Diversified Energy y EQT Corporation; y el centro de California lista a Chevron como uno de sus socios.

Esto está sembrando la desconfianza en algunas comunidades.

Por ejemplo, en un documento del DOE publicado en agosto, la agencia informó que EQT Corporation, el segundo mayor productor de gas natural del país, organizaría sesiones de escucha comunitaria y trabajaría para establecer un comité asesor comunitario para sus proyectos en el centro de hidrógeno de los Apalaches. EQT ha acumulado infracciones medioambientales en sus pozos de fracking que culminaron en el desalojo de varias familias de Virginia Occidental. La empresa también ha promovido la desinformación sobre el papel de la industria del gas natural en el empeoramiento del cambio climático.

“Elegir a EQT para hacerse cargo de esta parte del proceso muestra la falta de involucramiento real con la comunidad, la falta de confianza, la falta de transparencia que ha rodeado el proceso de beneficios colectivos [del centro de hidrógeno de los Apalaches]”, dijo a EHN Matt Mehalik, director ejecutivo del Breathe Project, una coalición de oenegés en el occidente de Pensilvania. “La elección de este administrador ilustra la falta de interés por establecer algún tipo de confianza con las comunidades afectadas”, añadió.

Karen Feridun, co-fundadora del grupo activista por el clima de Pensilvania Better Path Coalition, dijo que “si EQT crea un CAC [comité asesor comunitario] será para averiguar qué color de las gorras del ARCH2 [centro de hidrógeno de los Apalaches] prefiere la gente”.

EQT Corporation y Battelle no respondieron a múltiples solicitudes de entrevista, ni a las preguntas específicas que les enviamos sobre el proceso de participación y la supuesta falta de transparencia.

El DOE también tercerizó la gestión de la participación ciudadana en la Costa del Golfo a una organización local – el Houston Advanced Research Center, o HARC, por sus siglas en inglés. La organización fue fundada en 1982 por George Mitchell, también conocido como “el padre del fracking”, a quien se le atribuyó el auge del petróleo proveniente de esquisto en Texas. En 2001, HARC actualizó su misión en su página web, e incluyó una referencia a la mitigación del riesgo climático y el fomento de las energías limpias. En 2023, la organización incluyó la energía del hidrógeno en su planificación estratégica y en su visión empresarial.

Margaret Cook, quien dirige la oficina de equidad climática de HARC y es una representante de sus esfuerzos de participación comunitaria, le dijo a EHN que la organización había contactado a algunos grupos activistas locales para discutir su rol en el proceso de involucramiento ciudadano del centro. Cook dijo que planean incluir una junta asesora conformada por la comunidad que interactuará con las compañías involucradas, y que esta junta aconsejará en cómo deben gastarse los dólares del DOE a nivel regional y comunitario. Adicionalmente, el grupo estará a cargo de organizar los beneficios comunitarios.

“Necesitamos entender sus preocupaciones para poder atenderlas”, dijo Cook. “Y necesitamos entender qué perciben ellos como beneficios que realmente les vaya a ayudar, para que así el proyecto pueda dárselo”.

Shiv Srivastava, investigadora de política pública para Fenceline Watch, una organización de justicia ambiental de Houston, le dijo a EHN: “Pienso que estamos ante un problema de raíz…tienes organizaciones que son elegidas para ser básicamente el conector con la comunidad, el representante del centro ante la gente. Esto es algo que el Departamento de Energía debería hacer directamente”.

Una falta de transparencia y de participación significativa

Algunos describen al East End de Houston como un tablero de ajedrez, donde los límites de sus casas, escuelas y zonas verdes están flanqueados por plantas industriales, aparcamientos, muelles de entrada, chimeneas y refinerías.

La comunidad del East End está en el percentil 99 de exposición a tóxicos en el aire (es decir, que están más expuestos que el 99% de la población en Estados Unidos) y es el hogar de una de las fuentes más grandes de contaminación química del estado de Texas. Los residentes de estos barrios, como Srivastava e Yvette Arellano, directorx ejecutivx de Fenceline Watch, temen que esta enorme presencia industrial sólo aumentará con la introducción del hidrógeno.

“En lo que respecta a la captura de carbono, al secuestro y la captura directa en el aire, son casi principios básicos de [la producción de] hidrógeno”, afirma Srivastava. “Vemos que el hidrógeno se postula rápidamente como la nueva materia prima para la producción petroquímica, y que desplazará a los combustibles fósiles, lo que, para nuestra comunidad, no funciona, porque igual siguen produciendo estos tóxicos contaminantes”.

Arellano le dijo a EHN que Fenceline Watch educa al público sobre proyectos industriales, pero que esta labor ha sido complicada respecto al centro de hidrógeno pues “no hay un proceso de participación ciudadana formal en los siete centro de producción”.

La oficina de demostraciones de energías limpias (OCED, por sus siglas en inglés) del DOE auspició nueve sesiones de escucha iniciales para los centros y resumió los comentarios recibidos durante esas reuniones en su página web. El DOE no dejó las grabaciones disponibles para el público general, pero un análisis de EHN de las transcripciones muestran que la mayoría de comentarios expresaron preocupación sobre temas como la seguridad de los empleados, la localización de los oleoductos, la eficacia de la captura de carbono, el impacto de las emisiones, quién regulará estos proyectos, los permisos, la ubicación de los complejos, barreras lingüísticas y la injusticia medioambiental.

En la sesión sobre el centro de la Costa del Golfo, la comunidad pidió hacer sesiones formales en las que pudieran presentar sus preguntas por escrito y recibir respuestas escritas en el mismo lenguaje sencillo. “Lo que hemos oído es que esa no es la forma en la que se hace este proceso”, dijo Arellano. “Lo que hemos oído es un silencio sepulcral”.

De los 113 comentarios que el DOE transcribió de las sesiones de escucha, 95 expresaron algún tipo de oposición a los proyectos y hubo por lo menos 49 reclamos exigiendo una mayo transparencia y mejor participación ciudadana.

EHN también escuchó reclamos más allá de las sesiones de escucha, particularmente relacionadas con la justicia ambiental y la participación ciudadana respecto a todos los centros menos sobre Heartland, que se expandirá a lo largo de Dakota del Norte y del Sur, así como Minnesota (el centro perdió a sus socios clave Marathon Petroleum y TC Energy, así que no es del todo claro si se realizará).

En respuesta a las quejas, el DOE publicó un resumen de los puntos clave que escuchó durante las reuniones y cómo esos comentarios estaban siendo incorporados en el proceso de planeación de los centros de producción. Un vocero de la agencia dijo que este tipo de trabajo con las comunidades es nuevo para el DOE y que los proyectos aún están en las primeras etapas, por lo que la agencia todavía está aprendiendo y trabajando para asegurarse de que las preocupaciones de la gente sean atendidas de forma adecuada.

Añadieron que la oficina de demostraciones de energías limpias (OCED) ha llevado a cabo más de 70 reuniones con la gente de la comunidad y grupos organizados, funcionarios locales, personal de primeros auxilios, sindicatos y otros grupos comunitarios, y que ha ofrecido sesiones informativas a más de 4.000 personas en las regiones de los centros de hidrógeno.

“Tengo preguntas y preocupaciones”, dijo el senador demócrata por el estado de Dakota del Norte, Tim Mathern. “Hasta ahora, he apoyado al proyecto, pues se presenta como una alternativa de combustible más limpia que los fósiles y mejor para nuestro planeta. Pero se ha dado muy poca información sobre los impactos ambientales y me gustaría saber más”.

EHN buscó a otros políticos en los 16 estados en donde se realizarán estos proyectos y recibió cinco respuestas, cuatro de ellas provenientes de las regiones en donde se construirá el centro del Pacífico Noroeste. La mayoría de estas respuestas señalaron la necesidad de contar con más información, tal y como lo han expresado sus votantes.

“Ha habido relacionamiento con funcionarios locales y algunos funcionarios estatales”, le dijo el representante repúblicano de Montana, Denley Loge, a EHN. “La mayoría [de personas] no entienden bien pero tampoco buscan información por su parte. A nivel local, cuando se han hecho reuniones, muy poquita gente va, pero los rumores desinformados se expanden fácilmente”.

La representante demócrata texana Penny Morales Shaw expresó su apoyo al centro de la Costa del Golfo.

“Como representante estatal, recibo mucha información de mis constituyentes todos los días sobre la mala calidad del aire y la forma cómo las condiciones ambientales impactan su salud y calidad de vida”, Morales Shaw le dijo a EHN. “Los centros de hidrógeno pueden ayudarnos a alcanzar las emisiones netas de carbono cero y todos queremos asegurarnos de que se logre de forma eficaz y colaborativa”.

Las sesiones de escucha del DOE son solo una de las formas en las que las comunidades han pedido mejoras en el proceso de participación. EHN también hizo seguimiento a las solicitudes escritas en relación con la transparencia fuera de estos espacios. Encontramos que:

• Un grupo de líderes de distintas organizaciones activistas a nivel nacional, incluyendo al Clean Air Task Force, el Environmental Defense Fund y el Natural Resources Defense Counsel, también le pidieron formalmente al DOE mayor transparencia y participación.
• 54 organizaciones de los Apalaches y grupos de base firmaron una carta dirigida al DOE en la que pedían suspender el proyecto, citando una falta de transparencia y participación.
• 32 grupos de la región del Atlántico Medio firmaron una carta para el DOE diciendo que la primera reunión sobre el proyecto fue inaccesible para muchos residentes y, una vez más, pidiendo mayor transparencia y participación.
• 15 organizaciones de base enviaron una carta al DOE expresando sus frustraciones sobre el mismo tema en el centro del Medio Oeste.
• Nueve grupos activistas por la justicia y el ambiente en California hicieron un llamado similar relacionado con los mismos problemas.
• Una coalición de grupos de Texas, California, Washington, Pensilvania, Nuevo México e Indiana pidieron mejorar la transparencia y participación en un reporte.
• A falta de una participación significativa en los proyectos, una coalición de grupos activistas también ha publicado recientemente su propia “Guía de beneficios comunitarios en el suroeste de Pensilvania” con la esperanza de que el proyecto del centro de hidrógeno de los Apalaches, y otros similares, la utilicen como referencia.

Un vocero del DOE dijo que la agencia ha respondido de forma directa a más de 50 cartas pero la mayoría de esas respuestas no están disponibles para el público. Los activistas que recibieron estas respuestas le dijeron a este medio que no se encuentran satisfechos. La agencia se negó a responder nuestras preguntas sobre si estaba trabajando para responder a los reclamos específicos contenidos en dichas misivas.

En una presentación inicial sobre los centros, el DOE discutió las etapas de “autorizado / no autorizado” de los proyectos, que requieren que haya participación ciudadana antes de continuar. Esto le hizo creer a muchas comunidades que los proyectos podrían no hacerse si decidían que los costos eran mayores que los beneficios. Resultó ser una apreciación equivocada.

“Las comunidades no tienen el derecho a negarse”, dijo el DOE en julio, en un correo electrónico respondiendo a preguntas que les enviaron organizaciones sobre el centro del Atlántico Medio. “Este no es un requisito del programa H2Hubs”.

Algunas personas, incluyendo a Feridun de la Better Path Coalition en Pensilvania, se sintieron engañadas. “Nos han repetido una y otra vez lo de estas decisiones de ‘autorizado / no autorizado’ y de cómo participaremos en cada una de ellas, pero eso simplemente no es lo que está ocurriendo”.

Los activistas cuestionan qué tan ético es que el gobierno federal pueda autorizar nuevas fuentes de contaminación en comunidades impactadas por la injusticia ambiental, sin que necesiten el consentimiento de las mismas.

También hay una percepción generalizada de que los socios industriales de los centros están prosiguiendo con la planeación de reuniones a puerta cerrada con funcionarios de la agencia federal, sin contar con la participación de los ciudadanos.

“El DOE apareció en la primera sesión de escucha como un co-anfitrión de la llamada [ junto a los socios industriales]”, dijo Chris Chyung, el director ejecutivo del grupo de activismo ambiental Indiana Conservation Voters, sobre la experiencia en las reuniones sobre el centro de hidrógeno del Medio Oeste. “Esto crea un dilema ético, pues se supone que el DOE debe ser un mediador que supervisa el uso de este dinero y defiende los intereses de los contribuyentes que lo pagan”.

En la costa este, el principal contratista del centro del Atlántico Medio organizó reuniones de networking mensuales para los socios corporativos con un costo de participación de entre $25 y $50 dólares y que no están abiertas al público. También estableció un programa de membresías que cuesta entre $2,500 y $10,000 dólares y que le da a sus miembros acceso gratuito a webinars educativos, inscripciones gratuitas para la “Conferencia Anual de Hidrógeno MACH2” y acceso a eventos exclusivos para miembros y a un sitio web con información adicionales sobre los proyectos.

En un correo electrónico dirigido a activistas locales que preguntaron porqué estas oportunidades no estaban disponibles para el público general, un vocero del DOE dijo que las reuniones de networking eran para “negocios, startups y otras partes interesadas en la economía de la energía limpia” y que “no están diseñadas para reemplazar los eventos con la comunidad”.

“Nuestra preocupación más grande es que muchos de estos proyectos que se están configurando como fundamentales [para el desarrollo del centro del Atlántico Medio] están avanzando sin nuestro involucramiento” le dijo a este medio Tracy Carluccio, quien es la directora adjunta del Delaware Riverkeeper Network. En noviembre de 2023, la oenegé que lidera Carluccio presentó una solicitud FOIA para acceder a estas aplicaciones y a otros contenidos relacionados con el centro en esa región. Cuando recibieron las respuestas en agosto de 2024, se dieron cuenta de que varios proyectos iban mucho más adelante de lo que pensaban.

Del mismo modo, cerca de los centros de California, las comunidades han oído promesas de que la producción de hidrógeno sólo provendrá de energías renovables, según Kayla Karimi, abogada de la organización sin ánimo de lucro Center on Race, Poverty and the Environment, con sede en California. Su organización no ha visto ningún contrato o documento que respalde esas promesas más allá de los anuncios iniciales realizados antes de la financiación.

Karimi dijo que para obtener información sobre el centro de California más allá de la que aparece en su sitio web, le pidieron a su organización firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés). El acuerdo le pareció “muy punitivo” y dijo que quienes lo firmaran podrían enfrentarse a consecuencias legales por hablar negativamente del centro de California. La organización de Karimi no firmó el acuerdo y abogó por que los miembros de la comunidad no lo hicieran.

EHN también habló con Steven Lehat, director ejecutivo de la compañía de inversiones bancarias Colton Alexander, la cual firmó NDAs para acceder a tres comités privados de planeación del centro en California. Si bien los NDA permiten acceder a más información, sería ilegal compartirla con los miembros de la comunidad. Barreras como esta plantean dudas sobre qué tan equitativo es el proceso de participación comunitaria, inclusive en aquellos casos en los que se usarán fuentes de energías renovables.

“Los comentarios de la comunidad han sido muy limitados hasta ahora porque no sabemos sobre qué estamos comentando”, Karimi le dijo a EHN. “Pero aún así tampoco sabríamos si están siendo incorporados, porque no nos han dicho nada [y] no se han comunicado con nosotros”.

Cuando le preguntamos sobre los NDA, una vocera para ARCHES, la organización supervisando el centro de producción de California, le dijo a EHN que los acuerdos no eran obligatorios para poder participar en los grupos de trabajo relacionados con el trabajo comunitario o los beneficios.

“ARCHES mantiene su principio de participación de las partes interesadas y de la comunidad y seguirá trabajando para garantizar que todas las partes interesadas puedan formar parte de nuestras reuniones comunitarias”, dijo la portavoz en un correo electrónico. “Sin embargo, los acuerdos de confidencialidad son necesarios para convertirse en miembro de ARCHES, ya que las empresas miembro deben sentirse seguras compartiendo información sensible o de propiedad intelectual”.

El centro del Pacífico Noroeste se diferenció del resto al tener información pública disponible. Keith Curl Dove, un organizador de la Washington Conservation Action, le dijo a EHN que su organización pudo acceder a la ubicación proyectada para muchos de los proyectos y al historial de trabajo con comunidades indígenas, y dijo que la Cámara de Comercio de Washington intentó responder a todas las preguntas y preocupaciones que su organización presentó.

Los políticos del estado expresaron una perspectiva similar.

“Tengo que decir que, desde el principio, creo que ha habido un amplio proceso de participación de las partes interesadas, que es diferente de un proceso de participación de la comunidad, para averiguar qué empresas, qué industrias, etc., iban a estar dispuestas a hacer las inversiones para complementar la inversión federal y del estado de Washington en nuestro centro de hidrógeno del noroeste [del Pacífico]”, dijo a EHN Alex Ramel, representante demócrata del estado de Washington.

“Dos de las cinco refinerías del estado están en mi distrito y hay otras dos en el distrito de al lado, al norte”, dijo. “Esto quiere decir que el 90% de la capacidad de refinado del estado está justo al lado, y las refinerías van a ser uno de los principales lugares de implantación del hidrógeno en el Estado de Washington, y creo que son un primer cliente importante... porque ya utilizan hidrógeno sucio, y esta es una oportunidad para sustituirlo por hidrógeno verde”.

En documentos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el Consejo Asesor sobre Justicia Medioambiental de la Casa Blanca compartió sus preocupaciones sobre los centros de hidrógeno y otras tecnologías de manejo del carbono. “Esta inversión en la “experimentación” de una tecnología que carece de suficiente investigación sobre su seguridad y eficacia crea aún más barreras de desconfianza entre las comunidades afectadas, en particular las que han sido histórica y actualmente son privadas de sus derechos, y los respectivos organismos gubernamentales”, dice el documento.

El Consejo añadió que “un planteamiento humano de la gestión del carbono consistiría en dar prioridad a una investigación sólida (no influida por los contaminadores) que incluya un análisis robusto de los posibles riesgos para la salud pública y el medio ambiente”.

Estas preocupaciones reflejan las de los individuos en los territorios.

“¿De verdad podemos confiar en otro contaminador?” cuestionó Arellano, de Fenceline Watch.

Lea la segunda parte, Los obstáculos para garantizar la justicia ambiental en los centros de hidrógeno federales

Este artículo fue traducido por María Paula Rubiano A.

Producción y edición de video: Jimmy Evans

Sobre las autoras:

Kristina Marusic cubre temas de salud ambiental y justicia en Pittsburgh y el occidente de Pennsylvania para Environmental Health News. Su nuevo libro, "A New War On Cancer: The Unlikely Heroes Revolutionizing Prevention", revela la existencia de un naciente movimiento a nivel nacional que busca prevenir el cáncer reduciendo la exposición a sustancias químicas cancerígenas en nuestra vida cotidiana.

Cami Ferrell es una reportera de vídeo bilingüe para Environmental Health News, radicada en Houston (Texas). Ferrell informa principalmente sobre el desarrollo de la industria petroquímica en la costa del Golfo de Texas.