Yo, la hija negra de inmigrantes, recibiría mi título de maestría del MIT. En cambio, estaba de luto mientras veía el cubrimiento noticioso del asesinato de George Floyd, que había ocurrido unos días antes a manos del oficial de la policía de Minneapolis Derek Chauvin. Durante nueve minutos y 29 segundos, Chauvin se arrodilló en el cuello de Floyd, quien dijo “no puedo respirar” varias veces hasta su último aliento. La frase “no puedo respirar” también fue dicha por Eric Garner, Manuel Ellis y Elijah McClain antes de ser asesinados por la policía. Para ese momento yo ya era consciente de la violencia policial pues, años atrás, un ser querido había sido injustamente detenido y encarcelado. Pero ese día, algo cambió dentro de mí.
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Inicialmente, este cambio se limitó a cuestionar el rol de la policía en mi campus universitario y en las ciudades. Como muchos de mis pares, abracé una postura que pedía no una reforma de la policía, sino la abolición de la institución. Consideramos que dada la historia de la policía en este país, que ha estado ligada a la preservación de la jerarquía racial de los periodos esclavista y del Jim Crow, una solución para detener la violencia policial es reducir la dependencia en dicha institución, e invertir en en infraestructuras sociales públicas, como viviendas asequibles y atención en salud mental, que podrían abordar las causas de raíz de la delincuencia. Pero quienes proponen la filosofía abolicionista sienten que pueden ir aún más allá: no solo podríamos acabar con la policía, sino que podríamos cerrar las prisiones y construir nuevos sistemas de justicia e instituciones sobre las bases del cuidado y procesos de justicia restaurativa.
Sé que para muchos, esta es una postura estremecedora y extrema. Cuando escuché sobre ella por primera vez, definitivamente tuve mis dudas sobre si nuestra sociedad realmente podría operar sin prisiones. Después de todo, yo también crecí creyendo, como la mayoría de nosotros, que las prisiones aportan a la seguridad y que son espacios “necesarios” y “rehabilitadores” para las personas que cometen delitos.
Pero cuando aprendí que ubicar prisiones, cárceles y centros de detención en lugares en donde los riesgos ambientales como basureros tóxicos, inundaciones y calor extremo es la norma, lo que amenaza la salud y bienestar de las persona encarceladas y el personal que trabaja en ellas, me enfrenté a una realidad que anula cualquier posibilidad de verdadera rehabilitación en estos espacios. También hablé con docenas de personas que habían pasado por la cárcel, quienes me explicaron que los sufrimientos mentales y físicos que aguantaron en esos espacios, tanto por razones ambientales como sociales, los dejaron mucho peor de lo que estaban antes de ser sentenciados.
Todo esto me dejó claro que, como han descrito los investigadores Ki’Amber Thompson, Erik Kojola y David Pellow, “no puedo respirar” encarna un grito en contra de la violencia física policial, pero también en contra de las injusticias medioambientales avaladas por el estado, que limitan y acortan la posibilidad de respirar en las prisiones y otras instalaciones carcelarias. Si pensamos en la justicia ambiental como el derecho que tienen todas las personas de existir en un lugar seguro y saludable, las prisiones en los Estados Unidos son una amenaza directa a esa visión y se hace más claro por qué necesitamos abolirlas junto a la policía. Después de entender el problema, podemos empezar a imaginar alternativas que nos mantengan seguros y que nos acerquen a un mundo en el que todos podamos respirar.
Injusticia medioambiental en las prisiones
Dediqué mi investigación doctoral en el MIT a estudiar la injusticia medioambiental, expresada en una gran variedad de focos de riesgo, en las prisiones de los Estados Unidos.
Un riesgo muy prominente que estudié fue la contaminación aérea. Las poblaciones encarceladas pueden estar expuestas a diversas fuentes de este tipo de contaminación, pues muchas prisiones quedan cerca de actividades industriales, plantas de residuos tóxicos y lugares en los que los incendios forestales son comunes. Cuando entrevisté a personas que habían estado encarceladas sobre sus experiencias enfrentándose a riesgos ambientales, una mujer que había estado en prisión en Pekin, en Illinois, describió lo que significaba vivir en un lugar en donde al menos 15 plantas incluidas en el Inventario de Emisiones Tóxicas de la EPA contaminan el aire, el agua y la tierra con productos químicos.
“Estábamos justo enfrente, literalmente, justo enfrente de una central eléctrica que expulsaba un olor sulfuroso. No sé qué era. Y sí sé que sufro de asma. Y que allá se puso peor”, dijo. “Había veces en las que simplemente no podíamos salir, porque no era sólo el olor que inhalabas, era como si… te dolieran los pulmones.”
Quince instalaciones (señaladas con puntos morados) del Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) de la EPA de EE.UU. se encuentran en un radio de 16 km de la institución penitenciaria federal de Pekin, una cárcel de mediana seguridad de Illinois (señalada con un marcador rojo).
Crédito: Ufuoma Ovienmhada via TRI Toxics Tracker
Este tipo de exposición no es una mera coincidencia. En ciertas regiones pobres, las tierras que antes se usaban para la agricultura, minería u operaciones industriales y que dejaron un legado de contaminación en el aire, suelo y agua, han sido convertidas en prisiones bajo la premisa, por lo demás, falsa, de que las prisiones traerán nuevos puestos de trabajo y prosperidad a estas regiones. Mientras escribo esto, el congresista Hal Rogers está impulsando un esfuerzo de 500 millones de dólares para construir dos nuevas prisiones federales en Letcher County, en Kentucky, justo encima de lo que antes fue una mina de carbón contaminada, a pesar de las decrecientes tasas de criminalidad en el estado y una significativa oposición de las comunidades aledañas.
Las instalaciones carcelarias también están expuestas al calor extremo. En promedio, entre 2020 y 2023, las prisiones en los Estados Unidos experimentaron temperaturas de TK al menos 10 días durante el verano. Las prisiones son particularmente vulnerables al calor, debido a que son edificios viejos: la mayoría de estas edificaciones en los Estados Unidos fueron construidas antes del 2000, con algunas construcciones en pie desde los 1800s. Como resultado, usualmente no tienen sistemas de enfriamiento, calefacción o ventilación. Varias de las personas que entrevisté describieron acostarse en el suelo de sus celdas, en charcos del agua que se filtraba del inodoro, para mantenerse frescos en aquellas cárceles que no contaban con aire acondicionado.
El cambio climático sólo empeorará esta situación, pues el 70% de las prisiones ya están experimentando temperaturas más extremas que antes. Además, la falta de políticas universales en las prisiones federales o estatales para responder a las amenazas climáticas, como huracanes e incendios, hacen que sea difícil proteger a quienes viven en ellas. Como señaló un entrevistado sobre un incendio que ocurrió durante su periodo de encarcelamiento, “lo único que [oímos] fue que en caso de que el fuego se acercara, no íbamos a ir a ninguna parte, íbamos a estar en nuestras celdas... quizás se iba a dejar salir al personal para ir a casa... pero en nuestras mentes sabíamos que no iban a intentar embarcarnos o transportarnos a un lugar diferente para protegernos”.
Los puntos rojos indican que una prisión ha sido más calurosa en los últimos años (2020 - 2023) que la media histórica de 1990 - 2019.
Crédito: Ufuoma Ovienmhada
Como consecuencia de la exposición a riesgos ambientales, las personas recluidas en prisiones, cárceles y centros de detención pueden desarrollar enfermedades respiratorias y cardiovasculares que pueden, literalmente, afectar a su capacidad para respirar e incluso provocarles una muerte prematura. El hecho de que la injusticia medioambiental sea normal en las cárceles revela que la asfixia de los cuerpos marginados tras las rejas en Estados Unidos es, en muchos casos, premeditada y no un mero accidente. Esto subraya la necesidad de una estrategia que pueda hacer frente a un sistema tan intencionadamente negligente y mortífero.
Caminar hacia un mundo en el que todo el mundo pueda respirar
En este punto, uno podría argumentar que ciertas reformas, como reparar la infraestructura en las prisiones, podrían resolver el problema. No obstante, antiguos reclusos han sido testigos de primera mano del dinero recibido para reparaciones de edificios que nunca se terminaron. Los ex reclusos también resaltaron que las “mejoras”, como el aire acondicionado, que en apariencia son positivas pueden crear nuevas formas de injusticia medioambiental en las prisiones. Como me dijo alguien con quien hablé para mi investigación, “sé que pasa mucho en Santa Fe, donde usan el aire acondicionado para castigar a las personas al meterlas en celdas de confinamiento solitario heladas… la gente se muere en esas condiciones”. En otro caso, una persona relató experiencias en las que había intentado que le acompañaran a la sala de “respiro”, una sala con aire acondicionado a la que se supone que las personas pueden acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando tienen demasiado calor, pero los guardias se lo impidieron porque querían que la gente sufriera en las celdas de la prisión, que están hirviendo. Detrás de estos riesgos ambientales, las docenas de personas previamente encarceladas con las que hablé también me dejaron claro que las prisiones en los Estados Unidos también son tóxicas debido a las formas en las que privan a las personas de recursos y autonomía, las someten a una atención sanitaria deficiente y las obligan a realizar trabajos mal remunerados o no remunerados.
Estas realidades demuestran por qué pedirle al estado que se haga cargo de la injusticia medioambiental en las prisiones a través de reformas superficiales, como instalar aire acondicionado, no es una solución definitiva y sólo retrasa la llegada de un mundo en el que todo el mundo, especialmente quienes están en los márgenes, pueda respirar y ser libre de todas las formas de violencia medioambiental.
Entonces, ¿qué podemos hacer? A medida que profundizaba en este tema, me encontré con el trabajo de la socióloga Ki’Amber Thompson, quien introdujo el concepto de “justicia ambiental abolicionista”. Thompson lo describe como un impulso para sustituir la lógica de castigo, retribución y extracción de nuestro sistema judicial por políticas y prácticas que afirman el valor y la dignidad de todas las vidas humanas y no humanas. Afirma que este tipo de prácticas pueden movernos hacia “un mundo en el que todos podamos respirar” tras liberarnos de la policía, las prisiones y la contaminación. La justicia ambiental abolicionista responde directamente a la idea de que el sistema carcelario actual de los Estados Unidos es incompatible con la visión de la justicia ambiental como el “derecho de vivir, trabajar, jugar, orar y cumplir condena” en espacios seguros y saludables.
Llevar a la realidad la justicia medioambiental abolicionista puede parecer idealista, pero ya está sucediendo en todo Estados Unidos. Por ejemplo, la Campaña contra las Prisiones Tóxicas (FTP, por su nombre en inglés) es un grupo activista que conecta a las organizaciones de base para que trabajen por la equidad y la seguridad de las personas encarceladas, al organizar campañas en las que exhortan a los funcionarios de las prisiones prepararse para desastres y además trabajan para evitar que se construyan nuevas prisiones tóxicas que impactarían negativamente a la población reclusa o destruirían importantes ecosistemas. El FTP también apoya campañas como #Our444million, la cual defiende la idea de que las comunidades deben poder gastar el dinero en un desarrollo económico real y sostenible, en lugar de en la creación de puestos de trabajo mediante el encarcelamiento masivo.
La organización Californians United for a Responsible Budget (CURB, por su nombre en inglés) es otro ejemplo de una coalición trabajando para excarcelar, cerrar prisiones y encauzar fondos hacia inversiones en la salud de las comunidades, como el desarrollo de la mano de obra, la vivienda asequible y los programas de tratamiento de la drogodependencia, como estrategias para reducir la delincuencia. CURB tiene en cuenta los factores de riesgo ambiental, los costes de funcionamiento de las prisiones y otros factores relacionados con el bienestar de los reclusos, para seleccionar las prisiones cuyos cierre priorizará.
La idea de aumentar la inversión en infraestructura social para prevenir el crimen es bastante aceptada, pero a la gente puede costarle pensar en cómo nuestra sociedad hará frente a la delincuencia violenta si no hay prisiones.La geógrafa Ruth Wilson Gilmore esponde a esta inquietud con la siguiente cita:
La abolición es presencia, no ausencia. Se trata de construir instituciones que afirmen la vida.
Esto quiere decir que cerrar y dejar de invertir en las prisiones debe ir de la mano con inversiones en infraestructura comunitaria que sea restaurativa u transformativa y que pueda atender a la variedad de conflictos y daños que suceden. Hay numerosos ejemplos de cómo los activistas están experimentando con formas de responsabilizar a las personas que hacen daño de manera que se preserve la dignidad tanto del que hace daño como de la víctima. Esto incluye servicio comunitario que se relacione con el tipo de daño causado, diálogos con intermediarios entre las víctimas y los victimarios y reuniones familiares en las que las personas afectadas por el daño intercambian ideas sobre los recursos que necesitan y la forma de repararlo. Este tipo de prácticas pueden ser especialmente útiles dado que buena parte de los crímenes ocurren al interior de vinculos pre-existentes: casi un tercio de todos los homicidios son perpetuados por alguien que la víctima conoce y la mayoría de víctimas de abuso sexual conocen a su agresor.
Parte de una práctica de justicia transformadora puede incluir también la expulsión de los causantes de daños que no muestran arrepentimiento o son reincidentes de los espacios a los que tienen acceso o poder para hacer daño. Pero aun en estos casos, las personas no deben ser deshumanizadas al ponerlas en ambientes tóxicos donde no podrán rehabilitarse ni convertirse en mejores personas.
Aunque la abolición de las prisiones y de la policía pueda parecer una tarea difícil y engorrosa, debemos tomárnosla en serio y trabajar para conseguirla, ya que es la única forma de evitar la asfixia, ya sea a manos de la policía o a través de prisiones tóxicas. La justicia medioambiental necesita la abolición para que podamos avanzar hacia un mundo en el que todos podamos respirar.
Este ensayo ha sido elaborado gracias a la beca Agents of Change in Environmental Justice. Agents of Change capacita a líderes emergentes de entornos históricamente excluidos de la ciencia y el mundo académico que reimaginan soluciones para un planeta justo y saludable.
