Siempre he huido del conflicto. Esto se debe a mi pertenencia a Cachemira, la región más al norte del subcontinente indio.
Alguna vez descrita como “el cielo en la Tierra” por el poeta persa Amir Khusrau, se ha convertido en una de las zonas más militarizadas del planeta, plagada de conflictos desde hace décadas. Soy hija de pandits cachemires, que son indios refugiados en su propio país a causa de la militancia regional y religiosa. Me dijeron que nuestra comunidad fue forzada a escapar de Cachemira antes de que yo naciera, lo que me ha dejado con una sensación de estar desconectada de un hogar que nunca conocí. Sin embargo, la historia de mis padres nunca me bastó. Constantemente intentaba aprender más sobre las otras múltiples perspectivas sobre Cachemira, curiosa por comprender la naturaleza irresoluble del conflicto. Intereses políticos particulares, fanáticos religiosos, actores políticos regionales, gobiernos nacionales e incluso organismos internacionales, todos han afectado y se han visto afectados de alguna manera por Cachemira.
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Esta enrevesada historia siempre me ha dolido y aterrorizado, por lo que, aparte de leer sobre ella, me mantuve lejos de ella. Evité los debates y opté por cursar mis estudios de posgrado en una disciplina y un lugar muy alejados de Cachemira y sus complejidades: la política energética en Estados Unidos.
Pero las complejidades me encontraron. Trabajando en temas de transición energética, vi las mismas perspectivas dicotómicas sobre la justicia entre grupos que se ven unos a otros como el problema. A escala mundial, 5,5 millones de empleos en el sector de los combustibles fósiles –con 1,7 millones de ellos en Estados Unidos–, podrían verse desplazados por la transición energética de aquí a 2030. Como resultado, los sindicatos y comunidades productora de carbón exigen disposiciones como la reinserción de los trabajadores con programas de reconversión laboral y certificación, reposición de salarios, jubilaciones anticipadas, financiación de la educación de los hijos de los trabajadores desplazados y subsidios para ayudar a las comunidades afectadas a reponer los ingresos perdidos por el cierre de las minas de carbón. Mientras tanto, los activistas ambientales y las organizaciones de justicia ambiental tienden a ver estas disposiciones como formas de desacelerar la transición energética, afectando el cumplimiento de metas de justicia ambiental y climática. Son los mismos juegos de suma cero, la misma falta de comunicación entre perspectivas opuestas y la misma ausencia de soluciones holísticas.
Esta polémica relación ha definido la transición energética. Sin embargo, hay otra forma de mirar las cosas. La transición energética es, tanto para las organizaciones de justicia ambiental como para los sindicatos, una oportunidad para crear una cantera de empleos en energías limpias. La Organización Internacional del Trabajo estima que alrededor de 13,3 millones de nuevos empleos serán creados para 2030 gracias a la transición energética, así como nuevas fuentes de ingresos y una reducción de la contaminación.
Algunos grupos están optando por reparar las líneas rotas de comunicación y ver el verdadero potencial de la transición para mitigar el cambio climático, el enemigo común. Incluso ante intentos de legislación energética torpe que ha desaprovechado esta oportunidad, creo que se pueden conciliar estas perspectivas dicotómicas. He aprendido que el conflicto y, por tanto, la justicia, no son ni blancos ni negros. Si algo me ha enseñado mi pertenencia a Cachemira es que el conflicto tampoco es gris, sino más bien un intrincado tapiz de múltiples colores y tejidos entretejidos que crean una mezcla indiscernible.
La creciente brecha entre los sindicatos y los defensores de la justicia medioambiental
La transición energética se ha caracterizado por una relación conflictiva entre los sindicatos y los grupos ecologistas.
Crédito: Mark Dixon/flickr
En 2019, el estado de Nueva York aprobó la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria. Liderada por la coalición medioambiental NY-Renews, la ley fue considerada un ejemplo de cómo incluir la justicia medioambiental en la legislación climática. Quería entender cómo Nueva York lo había logrado. Pero entre más investigaba, más me daba cuenta de que la ley no incluía provisiones para la transición justa para los trabajadores de la industria fósil, que en Nueva York incluye a 53.000 personas.
Cuanto más indagaba en las dos caras de la historia de la transición en Nueva York, más me invadía la misma sensación de curiosidad inquieta que había sentido al buscar la otra cara de la historia de Cachemira. A lo largo de un año, hablé con más de 42 líderes sindicales y ambientales, así como miembros de ambos tipos de organización, en Nueva York e Illinois. Encontré amargura en ambos lados. Los sindicalistas describieron sentirse excluidos por las organizaciones de justicia ambiental, mientras que estos últimos afirmaron que los sindicatos eligieron concentrarse en otras prioridades políticas y se excluyeron a sí mismos de la ley. No obstante, la ruptura de la relación es fruto de una historia turbia y compleja y de la hostilidad provocada por una comunicación deficiente, algo que evoca con fuerza conflictos como el de Cachemira.
Los problemas empiezan en la raíz de cómo florece cada grupo. Las organizaciones ecologistas se basan en la afiliación voluntaria y las donaciones individuales, lo que significa que la afiliación no tiene restricciones y funciona relativamente independiente de las preocupaciones de financiación. Los sindicatos, en cambio, se basan en la afiliación y la financiación basadas en las cuotas. El cierre de plantas de producción de combustibles fósiles puede afectar el volumen de afiliación y, en consecuencia, la cantidad de dinero que reciben. Para los sindicatos, la reducción de empleos es una amenaza existencial. Como resultado, temen los cambios. Y el miedo conduce a la rabia, lo que imposibilita la comunicación y empeora la ruptura entre ambos grupos.
A esto hay que añadir una historia de colaboraciones que han sido desbalanceadas y transaccionales. Las organizaciones de justicia ambiental no cuentan con el mismo poder político ni recursos que los sindicatos. En el pasado, los defensores medioambientales me dijeron, trabajar con sindicatos los ha dejado sintiéndose impotentes, a merced de la voluntad política de los sindicatos. Ven a los sindicatos propensos a venderse o a negociar sus victorias mientras abandonan a sus compañeros de la lucha por la justicia medioambiental. Como resultado, ha aumentado la desconfianza.
Pero la falta de confianza no es el único problema. Hay diferencias fundamentales en los contextos educativos y las experiencias de vida en cada grupo, lo que los lleva a tener percepciones radicalmente distintas de la transición energética. Para los sindicalistas, quienes han vivido en carne propia el sistema energético al haber trabajado en minas, pozos de fracking y plantas petroleras, las expectativas de una transición energética rápida de las organizaciones de justicia medioambiental son poco realistas, y su desinterés por las preocupaciones sindicales, excluyente. Como explicó un sindicalista de Nueva York,
“Llevamos 40 o 50 años haciendo este trabajo y queremos conservarlo. Y la otra [perspectiva] es 'bueno, he estudiado esto durante 20 años, así que lo sé todo'. [...] Son puntos de vista completamente distintos”.
Los sindicatos perciben a las organizaciones de justicia medioambiental como un movimiento elitista, aislado y en oposición a la justicia para la clase trabajadora y obrera. Se ven a sí mismos y a sus pueblos – donde la economía funciona siempre y cuando el carbón, gas y petróleo sigan fluyendo– como víctimas de la transición que necesitan ayuda e inclusión. Muchas organizaciones ambientales, sin embargo, ven la transición energética como una forma de remediar injusticias históricas.
El cierre de Indian Point, un punto de inflexión
El ex administrador adjunto de la Comisión Reguladora Nuclear Ray Lorson (izquierda) visitando la central nuclear Indian Point de Nueva York en 2019. La planta cerró dos años después.
Crédito: Nuclear Regulatory Commission
En 2021, Indian Point, una planta nuclear en Nueva York, cerró después de décadas de protestas por parte de organizaciones ambientales sobre la contaminación por radiación y el peligro a la vida silvestre. Para los trabajadores, el cierre estuvo lejos de ser una victoria: cerca de 1.000 trabajadores perdieron sus empleos y se estima que el cierre impactó los medios de vida de al menos 5.000 personas y la pérdida de $30 millones de dólares en impuestos. La falta de medidas de transición justa también supuso la emigración forzosa y llevó a algunos trabajadores al suicidio, según las entrevistas que realicé.
La falta de planeación llevó a que para reemplazar la energía que antes producía Indian Point – que representaba cerca del 25% de la energía del estado – se utilizara un planta de gas natural fósil, lo que simplemente empeoró la relación entre ambos grupos. Los sindicatos veían a las organizaciones ambientales como hipócritas al haber apoyado el cierre de Indian Point con la excusa de la acción climática, simplemente para reemplazarla con fuentes contaminantes de energía.
Historias similares se repiten en todos los Estados Unidos. En el pasado, el cierre de centrales de carbón en Illinois repercutió en los ingresos fiscales de los distritos escolares que se vieron obligados a cerrar escuelas primarias. Al enfocarse exclusivamente en el ritmo de la transición y en consecuencia ignorar sus ramificaciones, las organizaciones de justicia ambiental apoyan una visión limitada de la transición energética. Desde esta perspectiva, dejar de lado a los trabajadores sindicalizados, que también son víctimas en la primera línea del cambio climático, puede crear mayores injusticias para las comunidades que soportarán los costes décadas después.
En este tumultuoso panorama, algunas organizaciones de justicia medioambiental han reflexionado sobre cómo han excluido involuntariamente las necesidades de los sindicalistas. “Para hacer la transición de los trabajadores de un sector, hay que crear un plan que permita que esos trabajadores gocen de sostenibilidad después”, me dijo una organización de justicia medioambiental que colabora con los sindicatos, refiriéndose al cierre de Indian Point. “Esa es la lección número uno que hay que aprender”.
Un nuevo futuro entretejido para una transición energética justa
Miembros del movimiento sindical en la Marcha Popular por el Clima de 2014.
Crédito: maisa_nyc/flickr
Hay organizaciones cambiando la narrativa de oposición. En Illinois, la organización Little Village Environmental Justice Organization se ha unido con Just Transition Alliance, de California, para desarrollar un entendimiento más holístico de la transición energética justa. Ven las necesidades de los trabajadores en la industria de los combustibles fósiles como un pilar importante de la transición energética. Al considerar a los trabajadores de este sector como víctimas de la primera línea de las emociones de las plantas de combustibles fósiles, los sindicatos se vuelven aliados que se benefician y necesitan apoyo para la transición.
Los sindicatos también están repensando su posición. El Climate Jobs National Resource Center nació en 2017 en Nueva York como una coalición liderada por los sindicatos que trabaja para combatir el cambio climático y crear buenos trabajos sindicalizados en la transición energética. Trabajando de la mano de la escuela de relaciones industriales y laborales de la Universidad de Cornell, han creado sucursales en todo el país, con importantes victorias ya conseguidas: en Illinois colaboraron con grupos de justicia medioambiental para desarrollar la Ley de Empleos Climáticos y Equitativos (CEJA), que se aprobó en 2021. La ley contiene medidas de transición justa como becas de reconversión laboral y educación para los hijos de trabajadores desplazados, así como un programa de prácticas previas para garantizar que los miembros de las comunidades de justicia medioambiental reciban formación y, en última instancia, se les ofrezcan puestos de trabajo sindicales seguros, una victoria de justicia medioambiental que ha incrementado la tasa de afiliación a los sindicatos. Más recientemente, coaliciones en Nueva York como Building Decarbonization han conseguido involucrar a los sindicatos en la acción por el clima y mejorar la comunicación entre ambos grupos.
“Intencionalmente nos hemos enfocado en [encontrar un punto de encuentro] y no en una [relación] transaccional. En última instancia, esto nos permite abordar otras cuestiones difíciles”, me dijo un miembro de un grupo ecologista de Nueva York. “Crear estas alianzas a largo plazo en torno a soluciones en las que todos podamos estar de acuerdo, es el punto de partida”.
Como en Cachemira, el panorama energético de los Estados Unidos, el paso del tiempo, combinado con capas de hostilidades, solo han empeorado las disputas. Pero no todos los conflictos son tan complejos e irresoluble como el de mi país, y me siento esperanzada de que el enredo de la transición justa es mucho más incipiente. Varias organizaciones que están tendiendo puentes demuestran que hay un camino a seguir. Aunque la respuesta al cambio climático ha creado una urgencia muy necesaria, un cambio de perspectiva puede ayudar a canalizar el potencial transformador de este momento. La transición energética no es sólo una solución para abordar el cambio climático, sino también una oportunidad para reconstruir un mundo más equitativo sin crear futuras injusticias.
This essay was produced through the Agents of Change in Environmental Justice fellowship, a partnership between Environmental Health News and Columbia University's Mailman School of Public Health. Agents of Change empowers emerging leaders from historically excluded backgrounds in science and academia to reimagine solutions for a just and healthy planet.
